Kolumna Okupa

En los años 80, cuando terminaba mi carrera de Derecho y Ciencias Políticas, tuve que realizar las consabidas prácticas pre-profesionales. Mis amigos con más vocación que yo consiguieron practicar en los más diversos “estudios” de Lima y me llevaban la delantera en cuanto a “astucia judicial”. Yo, perdida entre las oscuras escaleras de Palacio, trataba de sobrevivir en un ambiente casi químicamente corrupto. Tanto así que una vez una compañera de correrías palaciegas más avispada que yo, me enseñó la “llave” para abrir la puerta de un juzgado cuando el secretario no nos quería ni contestar: pasó un billete de cinco mil soles —en ese entonces existían esos billetes y no valían nada— por debajo de la puerta. Acto seguido, como si fuéramos las huestes de Alí Baba, la puerta nos abrió sus fauces. En ese instante cuajó en lo más profundo de mi inconsciente el mayor de los prejuicios de mi vida: la única manera de solucionar esto era… ¡quemando el Palacio de Justicia desde sus cimientos!

Por eso mismo, a mí, la prejuiciosa número uno contra abogados y jueces, la sentencia del martes último no solo me ha dado una lección jurídica sino una lección de vida. Sé que desde hace años, desde la caída del fujimontesinismo, Palacio de Justicia ha mejorado, que las juezas anti-corrupción se las fajaron en todo sentido, que por ejemplo Inés Bonilla, Carolina Lizárraga o Magali Báscones, han actuado con probidad y ética. No obstante, la percepción del público del PJ en todas las encuestas seguía siendo de la institución más corrupta del Perú (casi tanto como la policía). Por eso la forma rotunda de la sentencia en el megajuicio a Alberto Fujimori ha defenestrado mis prejuicios al oscuro lugar que se merecen. Racionalmente entiendo ahora que sí es posible limpiar una institución que parecía, en el peor momento, un espacio donde la mugre se condensaba: una auténtica letrina.

Los tres jueces del tribunal especial han sabido desarrollar una lógica jurídica en su sentencia que, ya todo el mundo lo ha remarcado pero igual lo menciono, ha concluido que Barrios Altos y La Cantuta son crímenes de Estado y que los responsables de ellos, en diferentes grados, lo fueron en tanto que dictaron una estrategia política-militar de guerra de baja intensidad que se traduce en “crímenes generalizados y sistemáticos”. Más clara el agua. Pero sobre todo han determinado que está probado que Alberto Fujimori no solo dirigió esta estrategia política-militar por ser el Jefe de las Fuerzas Armadas, sino sobre todo, por cooptar al poder judicial, por conocer de las estrategias de Montesinos, por felicitar y amnistiar a los militares implicados, en suma, por autoría mediata.

De esta manera, a su vez, se ha dejado en claro que la política antisubversiva tenía un lado oculto —financiado por nuestros impuestos— y que se concentró en la organización e implementación de un contingente de asesinos. Los fujimoristas y adláteres —como Lourdes Alcorta— se rasgan las vestiduras con sofismas tan alucinantes como que “los vocales han convertido en criminales a las fuerzas armadas, a los policías y a los ronderos”. No, falso de toda falsedad, el criminal es Fujimori y por adhesión no se puede extender a nadie, excepto a aquellos (in) efectivos de fuerzas armadas, policías o ronderos que a su vez hayan asesinado bajo el comando de la “guerra de baja intensidad”. 

Como bien ha señalado Mario Vargas Llosa esta sentencia es una vacuna contra aspirantes a dictadores y caudillos. Por primera vez me siento verdaderamente orgullosa del Poder Judicial y de que la profesión de abogado tengan tan dignos representantes. 

Esta kolumna fue publicada en La República el 12 de Abril de 2009.